En 2008, el Gobierno de México, bajo creciente presión de actores del sector
de justicia y de la sociedad civil, aprobó las reformas constitucionales que
obligaban a la transición a un sistema de justicia penal acusatorio, dejando
atrás el sistema inquisitivo. Este cambio requirió que los estados mejoraran la
transparencia, efectividad y eficiencia en los procesos de justicia penal,
protegiendo el debido proceso, promocionando la asistencia a las víctimas de
delitos y fortaleciendo los derechos humanos. Como parte de la Iniciativa
Mérida, USAID ha apoyado la reforma desde sus inicios, pero a partir de 2016
se ha centrado en su consolidación a nivel estatal. El trabajo realizado se ha
enfocado en disminuir los altos niveles de impunidad a través de la
priorización de los recursos de investigación y de la fiscalía.