En 2008, el Gobierno de México, bajo creciente presión de actores del sector de justicia y sociedad civil, aprobó las reformas constitucionales que obligan a la adopción nacional de un nuevo sistema acusatorio de justicia penal (NSJP). Las reformas requerían que todas las jurisdicciones estatales y federales implementaran reformas de justicia para junio de 2016, y mejoraran la transparencia, efectividad y eficiencia de los procesos de justicia penal, a la vez que protegían el debido proceso, promocionaban la asistencia a las víctimas de delitos y fortalecían los derechos humanos. Después de la transición de 2016, el apoyo de USAID se enfoca en la consolidación de la reforma a nivel estatal con énfasis en la disminución de los altos niveles de impunidad a través de la priorización de los recursos de investigación y enjuiciamiento. El apoyo del gobierno de los Estados Unidos a las reformas es parte de la Iniciativa Mérida.