La prevención de la corrupción es una de las prioridades de política nacional e internacional más importantes para México. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que entró en vigor en 2017, establece un espacio donde los ciudadanos, los gobiernos locales y las instituciones federales pueden converger para vencer la corrupción. La corrupción amplifica la brecha de desigualdad, porque este tipo de prácticas cuesta más a quienes tienen menos. La corrupción y la impunidad han degradado fuertemente la confianza de los mexicanos y han contribuido a tener una ciudadanía más escéptica de las instituciones.