El Proyecto de USAID Fortalecimiento del Sector Justicia ayuda a El Salvador para mejorar la seguridad y llevar a los criminales ante la justicia, a través de un sistema judicial más eficiente, independiente y responsable.

USAID trabaja para aumentar la efectividad de la policía, la fiscalía, medicina legal y la judicatura en seis municipios con altos índices delictivos, con un enfoque en sus circunstancias y necesidades específicas. Esta estrategia de justicia "basada en el lugar" promueve la colaboración entre las instituciones en la investigación de delitos para mejorar los procesos penales, elaborar casos más sólidos y reducir la impunidad. Como resultado, el tiempo de respuesta ante una escena de crimen se ha reducido en un 60 por ciento; el rezago de casos ha disminuido en un 85 por ciento, y el tiempo para obtener los resultados de una autopsia se ha reducido de 10 a 15 días a un solo día. Antes de lanzar la estrategia de justicia “basada en el lugar”, los municipios tenían un 61.6 por ciento del total nacional de homicidios registrados en 2016. En 2018, su tasa de homicidios se redujo en un 40 por ciento.

Un sistema de justicia eficaz también requiere jueces, abogados, fiscales y policías calificados, profesionales y éticos. En conjunto con el gobierno salvadoreño, USAID brinda asistencia a las escuelas de capacitación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría General de la República (PGR). Como muestra de viabilidad y autosuficiencia, las escuelas utilizan sus propios capacitadores e infraestructura para instruir a los nuevos empleados y ofrecen educación continua a fiscales, defensores públicos y jueces. USAID también apoyó el diseño y la implementación de un programa de maestría en medicina forense para mejorar el uso de la evidencia en casos penales y patrocinó un programa de liderazgo para funcionarios judiciales en niveles intermedios. Para una mayor transparencia judicial y rendición de cuentas, USAID promueve la selección y promoción basada en el mérito de los jueces, además de colaborar con la CSJ para fortalecer las unidades responsables de investigar las infracciones cometidas por jueces y abogados. USAID apoya campañas de participación ciudadana para alentar la conciencia pública y la supervisión de las reformas del sector justicia.

Con apoyo de USAID, las unidades de asistencia pública en los centros judiciales ofrecen mejores servicios y un nuevo sistema electrónico de notificaciones judiciales que aumenta la eficiencia. En promedio, las unidades de respuesta rápida en la FGR han reducido el tiempo de finalización de casos no complejos de 540 días a solo 39.

Además, USAID apoya los servicios a víctimas de delitos, otra forma importante de garantizar que los delincuentes sean enjuiciados. Estudios demuestran que las víctimas de violencia sexual y de género, particularmente perpetradas por miembros de pandillas, pueden intentar emigrar irregularmente si enfrentan un acceso a la justicia limitado, impunidad y carencia de servicios de atención. Con apoyo de USAID, se han creado 36 centros de atención a víctimas, los cuales son administrados y financiados por el gobierno salvadoreño dentro de oficinas de la Policía Nacional Civil, la PGR, la FGR y centros judiciales. En estos lugares, se brinda acceso a asesoría legal, médica y psicológica. Estudios demuestran que estos centros aumentan la probabilidad de que las víctimas interpongan una denuncia contra sus agresores, mejoran la obtención de evidencia física y testimonial y reducen la impunidad. La tasa de sentencias mediante el trabajo de estos centros es de 65 por ciento, en comparación con menos del 10 por ciento observado en casos donde los centros no han intervenido.

Para aumentar la confianza pública en el sistema judicial, particularmente en la policía, USAID está ayudando a expandir el uso de la policía comunitaria para reducir el crimen. Casi el 100 por ciento de los oficiales de la PNC ha recibido capacitación en los rudimentos de la policía comunitaria, cursos que fueron desarrollados con el apoyo de USAID. El proyecto también ha provisto capacitación especializada en liderazgo, gestión de grupos, derechos humanos, resolución de problemas y comunicación. Más de 15,000 miembros de la comunidad han participado en las actividades de la policía comunitaria, incluyendo capacitación vocacional, foros, eventos deportivos y ferias. El número de denuncias interpuestas en áreas que operan bajo el modelo de policía comunitaria ha aumentado en un 800 por ciento, una señal de mayor confianza en el sistema judicial.