El Proyecto de USAID Pro-Integridad Pública trabaja con instituciones clave del Gobierno de El Salvador (GOES)  a nivel central, las municipalidades y organizaciones de la sociedad civil para aumentar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas. El proyecto promueve la contraloría ciudadana  y el monitoreo de los recursos públicos para reducir las oportunidades de corrupción.

La efectiva implementación de leyes y de políticas públicas en materia de transparencia, ética pública y rendición de cuentas, acompañada de una sociedad civil activa e informada, puede reducir las oportunidades de corrupción en El Salvador, y así llevar al país a niveles más altos de seguridad ciudadana y desarrollo económico que ayude a disminuir la migración ilegal hacia los Estados Unidos.  Las reformas legales adoptadas en los últimos años, los agentes de cambio y una emergente sociedad civil informada están impulsando un ambiente que propicia una gobernabilidad más transparente y con mayor integridad en El Salvador.

Una pieza vital en este proceso es fortalecer las instituciones garantes de la aplicación de la Ley de Ética Gubernamental (LEG) y de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).  USAID brinda apoyo al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), así como a ministerios del gobierno y municipalidades para que cumplan con las leyes. Se apoya una red de oficinas de información pública en ministerios y alcaldías con personal capacitado para responder a dichas solicitudes. Hasta el momento existen 120 oficinas de este tipo en todo el país. La revelación de información gracias a sentencias del IAIP ha dado paso a investigaciones sobre enriquecimiento ilícito, abuso de fondos públicos y nepotismo, incluyendo casos emblemáticos en contra de dos ex presidentes de la república.

USAID también apoya a 30 municipalidades del Plan El Salvador Seguro para mejorar las condiciones habilitantes de la integridad y rendición de cuentas a nivel local e incrementar el acceso a información pública. Además, se apoya la coordinación entre instituciones clave del gobierno (la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas) para combatir la corrupción de manera efectiva. 

USAID también promueve esfuerzos por profesionalizar el servicio civil y hacer que el reclutamiento, selección y retención de empleados públicos sea más transparente y con estándares basados en mérito. Esto se realiza a través de asistencia técnica a una alianza de organizaciones de la sociedad civil que abogan por reformas en esta importante área. 

El proyecto también tiene disponible un fondo de donaciones para organizaciones de la sociedad civil con el fin de promover la transparencia y monitoreo ciudadano del uso de recursos públicos. Este esfuerzo se complementa con campañas de educación cívica para aumentar el conocimiento de las regulaciones pro-transparencia, con énfasis especial en poblaciones vulnerables.