El Proyecto Derechos y Dignidad fortalece los sistemas de protección de los derechos humanos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, de modo que El Salvador sea más tolerante, justo y equitativo y los salvadoreños crean que pueden tener una vida mejor sin necesidad de emigrar.

Algunos de los desafíos más apremiantes en materia de derechos humanos que el proyecto atiende incluyen los problemas en el sector de seguridad y justicia: las condiciones en los centros penales; arbitrariedad y abuso de la detención preventiva; uso excesivo de la fuerza, incluyendo acusaciones de ejecuciones extrajudiciales; discriminación contra minorías; violencia de género, y restitución y justicia para víctimas de abusos.  

Mediante este proyecto, USAID fortalece la defensa de los derechos humanos y el monitoreo del sector justicia para prevenir la discriminación y la exclusión de grupos vulnerables y mejorar su acceso a los servicios estatales.

Las actividades del proyecto ayudan a acercar al gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la academia para desarrollar hojas de ruta colaborativas en materia de derechos humanos en El Salvador. Este esfuerzo se respaldará con la creación de un Observatorio de Derechos Humanos que recogerá, producirá y diseminará información relacionada con los derechos humanos y servirá como un recurso para la elaboración de políticas.  

Además, mediante el proyecto se otorgarán donaciones competitivas a grupos de derechos humanos que trabajan en temas de seguridad ciudadana, reforma policial y acceso a la justicia. Se proveerán capacitaciones y asistencia técnica en estándares de derechos humanos a entidades del sector de seguridad.

En apoyo al plan nacional de seguridad del gobierno, el proyecto trabaja en municipalidades priorizadas bajo el plan para ayudar a garantizar la protección de los derechos humanos como un componente clave en la reducción del crimen y la violencia. Se realizarán grupos focales, mesas redondas, cabildo abierto y talleres para las comunidades como oportunidades para discutir el impacto del plan nacional de seguridad en los derechos humanos y para desarrollar un plan de colaboración, a fin de fortalecer la protección de los derechos humanos a escala comunitaria.

Finalmente, el proyecto promueve la inclusion social y ayuda a reducir la marginación y estigmatización de grupos vulnerables al promover leyes en materia de derechos humanos, incluyendo una campaña nacional antidiscriminación la cual acercará a segmentos clave de la sociedad (sector privado, medios de comunicación, gobierno y organizaciones pro derechos humanos). El proyecto también informará a víctimas de violaciones sobre sus derechos y los servicios disponibles.